TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, asestó un golpe a las instituciones y a la democracia al otorgar la titularidad de la Sala Constitucional al magistrado del tribunal liberal, Wagner Vallecilloirrespetando el orden de precedencia establecido en la normativa interna de ese poder del Estado.
Según el reglamento, corresponde al juez Luis Fernando Padilla, de afinidad nacionalista, asumir la presidencia de la Sala Constitucional a partir del 17 de febrero de 2024.
La determinación de Ráquel Obando fue rechazada por el propio juez Wagner Vallecillo, quien deberá ejercer la titularidad de la Sala hasta 2025.
Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil y la oposición política cuestionaron y calificaron las decisiones de Obando como un golpe a la democracia.
El Bloque Ciudadano de Oposición (BOC) calificó la determinación como “un golpe más a la democracia de nuestro país, no permitiremos que sigan con sus ilegalidades tratando de mantenerse en el poder. ¡La gente ya no los soporta! «Tomaremos medidas».
La diputada nacionalista, Merary Díaz, afirmó: “Un golpe a la Corte Suprema de Justicia, la presidenta del Tribunal Rebeca Raquel demuestra que sólo obedece a los intereses de Xiomara Castro y Manuel Zelaya y no a los del pueblo, como prometió antes la Constitución. Hoy se saca las uñas para mostrar de qué lado está. “El gobierno lanzará cortinas de humo para intentar que el golpe al Tribunal Constitucional pase desapercibido”.
Mientras que el representante de la sociedad civil, Rafael Jérez, advirtió que “todos esos magistrados de la CSJ que se prestan a directivas políticas, de cualquier partido, hoy pueden sentir protección política, pero eventualmente dejarán el cargo, y lo harán con todo el descrédito eso viene con ser nada más que un instrumento”
Cambios
Los jueces afines al Partido Nacional habían denunciado la intención de Libre de reformar el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y al no lograr el cometido, Ráquel Obando optó por la imposición de Vallecillo, quien tenía la presidencia hasta 2025. .
Además, la rotación en la Sala Civil fue anunciada pero no a la jueza Rubenia Galeano, a quien correspondía, sino al juez nacionalista Gaudy Bustillo.
En el Tribunal Laboral la presidencia quedó asignada a la jueza nacionalista Anny Ochoa y en el Penal al juez Nelson Mairena.
Se conoció que tanto Anny Ochoa como Gaudy rechazarán la nominación.
El presidente del Tribunal había prometido respetar la ley
La rotación en la presidencia de la Sala Constitucional y la coordinación de las demás cámaras es un mecanismo establecido que busca garantizar la transparencia e imparcialidad en las decisiones judiciales.
Con su intervención, Ráquel Obando busca disipar cualquier tipo de duda sobre posibles modificaciones en la normativa interna que puedan poner en peligro la independencia del Poder Judicial.
En consecuencia, la presidenta de la CSJ garantizó que desde su cargo se garantizará el estricto cumplimiento de la Constitución de la República y de todas las normas que rigen el Poder Judicial.
“Tengan la seguridad que desde esta presidencia del Poder Judicial respetaremos y velaremos por el cumplimiento irrestricto de la Constitución de la República, sus leyes, reglamentos y demás normas aplicables”, dijo Ráquel Obando.
El movimiento reformista
Para evitar que el juez Luis Padilla asuma el cargo de presidente de la Sala Constitucional -establecido en el orden de precedencia al momento de ser elegido por el Congreso Nacional- habría que reformar el artículo 16 del Reglamento Interno de la CSJ.
Según el constitucionalista Oliver Erazo, “podrían hacer una reforma, pero la reforma no se aplicaría con efecto retroactivo, porque la ley no tiene efecto retroactivo, ni el Reglamento tampoco; Sería para las próximas rotaciones. Incluso con una reforma no encajaría”.
De darse un escenario distinto al que manda la actual ley, habría “un panorama de concentración de poder, es un jueguito de violaciones a la Constitución de la República desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo; Lógicamente se impediría la ciudadanía, vaticinó Erazo.
Según informaron jueces afines al Partido Nacional, dentro del Poder Judicial la intención de Libertad y Refundación (Libre) es buscar la designación del juez Wagner Vallecillo como presidente de la Sala de lo Constitucional, desplazando así a Luis Padilla. Según el orden de precedencia, Vallecillo tiene hasta el año que viene.
¿Cuál es el OBJETIVO?
Nelson Márquez, vicepresidente de la bancada del Partido Nacional en el Congreso, cree que la situación en el PJ no es un hecho aislado. “Es parte de un paquete que establece la agenda de la izquierda radical en América Latina a través del Foro de Sao Paulo”.
El diputado opina que los movimientos Libres en los distintos poderes del Estado están encaminados a continuar en el poder, principalmente el Ejecutivo, a cualquier costo y tener el control de la Sala Constitucional será un bastión fundamental para lograr ese objetivo.
“De concretarse estaría sucediendo similar a lo que pasó en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, que son parte de las prácticas que recomienda la izquierda para mantenerse en el poder; “Sería desastroso”, afirmó Márquez.
El desastre no ha pasado desapercibido para la diplomacia internacional con sede en Honduras.
Sobre este problema, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, recomendó “obviamente hay muchos rumores de muchas cosas que están pasando en Tegucigalpa, pero el foco de Estados Unidos está en las instituciones de gobierno; “Es importante que cada institución esté funcionando según lo establece la ley”.
