San Pedro Sula.
Durante décadas, Honduras ha enfrentado crecientes preocupaciones sobre la integridad de sus líderes políticos locales.
La sombra del crimen organizado se ha extendido sobre varios alcaldes electos o ex alcaldes, generando serias dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control y selección de candidatos a cargos públicos. Han salido a la luz numerosos casos en los que los responsables de la construcción han sido acusados de colaborar con grupos del crimen organizado o participar directamente en actividades ilícitas.
El caso más reciente está asociado con cristhian jose castillo, alcalde de El Triunfo, Choluteca. La Policía ofrece una importante recompensa económica después de que un juzgado nacional ordenara su detención por asumirlo responsable de tráfico de drogas agravado. Según la Secretaría de Seguridad, Castillo dirige una estructura que moviliza cocaína traída al país desde Nicaragua.
Castillo forma parte de una decena de concejales y exconcejales que en las últimas décadas se han visto afectados por la actividad del narcotráfico o el crimen organizado. LA PRENSA Premium documentó el caso de al menos 12 jefes municipales, ya sea que estuvieron en ejercicio o ejercieron cargos en el pasado, quienes enfrentaron procesos judiciales por narcotráfico o crimen organizado. Algunos acusados fueron absueltos de los cargos o se les concedió el sobreseimiento provisional.
En esta lista se encuentran los casos emblemáticos de Alejandro Ardón, alias Chande, quien fue alcalde de El Paraíso, Copán, y se entregó a la justicia de Estados Unidos para colaborar; Fue testigo contra Tony Hernández y Juan Orlando Hernández. Tambien es Arnaldo Urbinaexalcalde de Yoro, Yoro, quien luego de siete años y dos meses de prisión en Honduras por lavado de dinero, recibió una absolución definitiva, pero luego fue extraditado a Estados Unidos.
Sin embargo, en la lista hay líderes municipales de todas las latitudes del país que de alguna manera sembraron el terror en sus comunidades, según los investigadores. A estos casos antiguos se han sumado casos más recientes, lo que significa que hay una falla en los controles para evitar que figuras vinculadas al crimen organizado o acusadas de delitos graves acaben en cargos de elección popular.
La lista incluye a cinco concejales tras las rejas, culpables, con proceso en curso o extraditados. Dos de ellos han sido puestos bajo arresto domiciliario, mientras que dos dirigentes municipales han sido puestos en libertad provisional y otros tantos han sido absueltos.
En agosto de 2023, la Fiscalía llevó a cabo la Operación Nutos para desmantelar tres peligrosas estructuras encargadas del narcotráfico, que en un lapso de cinco años lograron mover más de 90 toneladas de cocaína. En el caso específico del ex alcalde de Brus Laguna, Gracias a Dios, Wilmer Manolo MaderaLas investigaciones revelaron antecedentes penales que abarcaban más de 15 años.
Según informes de investigación, Wood habría estado involucrado en el traslado de droga y dinero desde Gracias a Dios hacia Colón y Atlántida durante más de una década; Sin embargo, en los últimos años se ha embarcado en una empresa independiente, presuntamente colaborando estrechamente con otros narcotraficantes y recibiendo grandes cantidades de droga. El desenlace judicial llegó el 20 de febrero de 2024, cuando un tribunal de apelaciones rechazó el recurso presentado por la defensa del exalcalde de Brus Laguna.
En mayo de 2023, los hermanos Noel Arturo y Denis Adelmo Martínez Girón, ambos con antecedentes como exalcaldes de Piraera, Lempira, fueron detenidos acusados de homicidio. Uno de ellos ocupó un cargo municipal en 1990, mientras que el otro lo hizo en 2006. Las investigaciones de las autoridades concluyeron que los hermanos habían participado en el asesinato de Olvin Adonay Pineda Martínez, un joven campesino residente en un caserío de Piraera.
Según informes de los agentes a cargo del caso, el móvil habría sido una enemistad personal. El tribunal decidió imponerles arresto domiciliario tras presentar una fianza de cinco millones de lempiras.
En noviembre de 2022, el Ministerio Público acusó Pedro Armando Aguilar Orellana, quien se desempeñaba como alcalde de San Marcos, Santa Bárbara, señalando que era el líder de una peligrosa pandilla en el noroeste de Honduras. Según la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Aguilar era líder de una organización criminal y proporcionaba armas, municiones y vehículos a sus cómplices. Aguilar resultó electo en las elecciones de noviembre de 2021, en representación del Partido Alianza Patriótica Hondureña (APH), lo que aseguraría la continuidad de este partido político para los próximos comicios de 2025.
“El Patrón”, también conocido con este apodo, fue acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, además de tener un presunto testaferro de los hermanos Rivera Maradiaga. Además, enfrentó acusaciones por el asesinato de su suegra y dos cuñados en mayo de 2016.
En agosto de 2021, cuatro personas fueron detenidas con la incautación de 2,4 toneladas de cocaína en Roatán, entre ellas el entonces alcalde Jerry Hynds. Durante el operativo, el exedil fue descubierto detrás de un camión cisterna, viajando en un vehículo de doble cabina. En septiembre de 2023, un juez con competencia nacional dictó sobreseimiento provisional a su favor tras enfrentar acusaciones de narcotráfico.
Aliados
Gonzalo Sánchez, profesor universitario y especialista en seguridad pública, aseguró que “no se puede tapar el sol con un dedo, desde hace mucho tiempo se dice que algunos alcaldes están en connivencia con miembros del crimen organizado, incluido el narcotráfico y las pandillas. Esto es grave y el Tribunal Superior de Cuentas tiene un papel crucial, ya que no hay control sobre los fondos que financian las campañas, con montos estratosféricos”.
Sánchez instó al Tribunal Superior de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y entidades como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a mantener un estricto control de estos fondos. «Si un alcalde pobre de repente gasta grandes sumas de dinero en una campaña, es evidente que algo anda mal», advirtió.
Agregó que “los delincuentes tienen tanto dinero que pueden corromper a cualquier funcionario. Una vez en el poder, permiten el paso de drogas a cambio de dinero, se vuelven permisivos. Este dinero no sólo lo recibe el alcalde, sino que lo reparte entre otros cómplices porque necesita más ayuda”.
“En seis meses o un año, un funcionario se vuelve millonario, con mansiones y grandes camionetas Prado. ¿De dónde viene todo esto? ¿Dónde está el Tribunal Superior de Cuentas? Los entes de control estatal deben vigilar de cerca el origen de los bienes utilizados en las campañas políticas”, afirmó en su análisis.
En diciembre de 2019, el tribunal dictó una condena de 13 años y cuatro meses de prisión por José Adalid González Moralesexalcalde de Sulaco, Yoro, por su participación en asociación ilícita.
Por otro lado, Santos GabrielElvir Arteaga, exalcalde de Jocón, Yoro, fue identificado como líder de una banda criminal conocida como Los Solís. Pese a enfrentar acusaciones de sicariato, hurto de ganado, homicidio y otros delitos, en abril de 2016 un juez con competencia nacional decidió ordenarle sobreseimiento provisional.
Además, el exalcalde del municipio de San Fernando, Ocotepeque, Jairón Aroldo Chinchilla Carrillofue acusado de su presunta participación en el asesinato de tres personas y fue acusado de ser el líder de la banda conocida como Los Carrillo.
Transparencia
De acuerdo a Nelson Castañedadirector de la sección Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), es preocupante la situación de la política y el crimen organizado en Honduras, especialmente en el contexto de la participación de personas en cargos de elección popular que han estado vinculados, como así como la falta de efectividad por parte de las entidades estatales para impedir su inclusión.
Para el miembro de la sociedad civil, los vínculos entre políticos y grupos criminales se fortalecen debido a la impunidad y la falta de aplicación efectiva de la ley. Esto es atribuible a la falta de controles adecuados por parte de entidades estatales que permitan a personas con vínculos con el crimen organizado acceder y mantener posiciones políticas de poder. Otro aspecto, a su juicio, es la opacidad en los procesos de selección de candidatos y la falta de rendición de cuentas.
Castañeda recomendó al Gobierno invertir tiempo y recursos para fortalecer las instituciones encargadas de seleccionar y supervisar a los candidatos políticos, esto incluye la transparencia en los procesos electorales, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, la divulgación de información sobre el financiamiento de campañas y los antecedentes de los candidatos. .
“Para lograrlo, es necesario reformar las leyes y reglamentos relacionados con la participación política, establecer criterios de elegibilidad más estrictos y prohibir expresamente la participación de personas con vínculos con el crimen organizado”, dijo.
La Unidad de Política Limpia, el Tribunal Superior de Cuentas y la Asociación de Municipios de Honduras son los principales llamados para perfilar e identificar posibles irregularidades en el financiamiento de las campañas a las alcaldías.
Una de las alternativas propuestas es la declaración jurada, un mecanismo que permite conocer el patrimonio real de un solicitante en comparación con cómo cierra su período. Asimismo, es imperativo crear una unidad especial dentro del Ministerio Público que conozca e investigue este tipo de casos, ya que en época electoral se crean unidades especiales, las cuales no son permanentes.
El Tribunal Superior de Cuentas, según su Ley Orgánica, tiene la función de fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los funcionarios públicos. Esta tarea incluye examinar los activos para detectar posibles irregularidades, como enriquecimiento ilícito o conflictos de intereses. En los siete años de la administración pasada, entre 2016 y octubre de 2023, el Tribunal Superior de Cuentas envió 3.281 archivos a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público (MP); Sin embargo, sólo 11 de los casos enviados al Ministerio Público fueron por la causa de enriquecimiento ilícito.
Nery CerratoEl expresidente de la Asociación de Municipios de Honduras, comentó que la transparencia de la rendición de cuentas es un eje transversal con todos los procesos de la administración municipal.
“La incorporación de todos los municipios al Sistema de Administración Financiera en línea ha sido positiva, en cierta forma, de manera que absolutamente todo el proceso administrativo que incluye contratos, cuentas, proyectos e inversiones es verificado diariamente por el Ministerio de Hacienda”.
Cerrato ve positivo los ayuntamientos abiertos para rendir cuentas cada 25 de enero de cada año y junto a instituciones civiles como el Consejo Nacional Anticorrupción es importante fortalecer la transparencia. “No sé cuál es la realidad actual en los municipios, pero aún es válido fortalecer estos controles en los municipios”, señaló.
Recientemente, un juez desestimó el caso del ex alcalde de Talanga, Francisco Morazán, Roosevelt Eduardo Avilezy otras cuatro personas de su entorno familiar, a quienes la Fiscalía había acusado de lavar más de 300 millones de lempiras provenientes del narcotráfico.
En años anteriores, durante la Operación Avalancha, el Ministerio Público también acusó al entonces alcalde de Talanga, Jorge Neftaly Romero, quien fue procesado y condenado por vínculos con pandillas. Tras pasar varios años en prisión, en agosto de 2018 recuperó la libertad tras ser absuelto.
Actualmente, en tribunales de Estados Unidos, ex alcaldes hondureños Arnaldo Urbina Soto (Yoro, Yoro) y Alejandro Ardón (El Paraíso, Copán) enfrentan cargos por narcotráfico. Luego de siete años y dos meses de prisión en Honduras, la justicia otorgó sobreseimiento definitivo al exalcalde Arnaldo Urbina Soto, acusado de lavado de dinero, y posteriormente fue extraditado.
