El panel de expertos de PwC reclama más alquiler social y colaboración público-privada para solucionar la escasez de vivienda

Los problemas para acceder a una vivienda en España han escalado en la lista de preocupaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas, situándose como la segunda mayor inquietud, detrás de los problemas políticos y por encima del desempleo, a pesar de que España registra la tasa de paro más alta de la Unión Europea. La consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) ha dedicado su publicación Consenso Económico y Empresarial a este problema. En este panel han participado 118 empresarios, directivos, académicos y asociaciones profesionales, quienes han opinado sobre el tema, en un contexto donde en 20 provincias el pago de la hipoteca supera el esfuerzo máximo recomendado, el 30% de los ingresos del hogar. Una situación similar se da en el arrendamiento, y según los expertos consultados, se podría solucionar con más oferta, más alquiler social y colaboración público-privada, entre otras medidas.

El 77% de los encuestados considera que la falta de oferta es el principal problema del alto coste de la vivienda en España. Otros factores señalados incluyen una legislación inadecuada (48%) y la especulación inmobiliaria (23%). También mencionan la inseguridad jurídica (16%), el reparto de competencias entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración central (13%) y los elevados impuestos sobre la propiedad (7%).

Aunque la encuesta de PwC no sitúa la escasez de vivienda social en España entre los principales motivos del alto coste (solo un 2% del total, frente a la media europea del 9%), sí aparece en las respuestas a la pregunta “¿cuál de estas medidas le parece más relevante para solucionar la falta de vivienda?”. Un 64% pide impulsar la oferta de alquiler social, superada solo por el 72% que reclama fomentar la colaboración público-privada para la promoción del alquiler. Un 62% sugiere una nueva Ley del Suelo “que mejore la gestión de los procesos administrativos relacionados con las políticas de suelo y urbanismo” y menos de la mitad (45%) aboga por impulsar la rehabilitación de viviendas. Otra política comentada, elevar la tributación de los pisos vacíos, solo es considerada óptima por el 16% de los consultados.

A la pregunta “para elevar la oferta, ¿qué medidas se deberían tomar?”, un 70% apuesta por agilizar la concesión de licencias urbanísticas, un 61% por aumentar el volumen de suelo edificable y el grado de edificabilidad y un 56% por incrementar las rehabilitaciones.

Además, un 51% de los encuestados por la consultora cree que las inversiones extranjeras incrementan los precios. “Los fondos de inversión y las fortunas latinoamericanas son protagonistas de compras relevantes, aunque están centradas en las grandes ciudades, no en los barrios ni pequeñas poblaciones”, precisa el informe, que también recoge una mayoría a favor de desregular el mercado: un 55% cree que sería mejor para el ajuste de oferta y demanda. Entre las propuestas de desregulación, un 87% aboga por eliminar los topes a los precios de los alquileres, aunque solo se aplican en Cataluña, y un 75% por liberalizar el suelo.

Por otro lado, un 57% opina que la falta de vivienda en alquiler se debe al uso turístico de las viviendas. Cada vez más ciudades presionadas por este fenómeno buscan limitarlo, con Barcelona anunciando la eliminación de todas las licencias en los próximos años. Un 48% de los encuestados dice que la escasez de alquiler se debe a los mayores derechos de los inquilinos y un 44% a la okupación, aunque las estadísticas muestran una disminución de los delitos de usurpación y allanamiento de morada, de los procedimientos judiciales abiertos y de las condenas impuestas.

El alquiler turístico se aborda nuevamente en otra pregunta del estudio, con un 78% convencido de que la conversión de viviendas residenciales a turísticas reduce la oferta para los locales. Un 32% está de acuerdo con la afirmación “los alquileres turísticos tienen un efecto positivo en la economía local, a pesar del aumento de precios, aunque limitan el acceso a la vivienda para los residentes”.